El Senado de la Provincia de Buenos Aires aprobó este jueves por unanimidad un proyecto legislativo que busca equiparar en derechos a los ciudadanos bonaerenses que sufren de ataques epilépticos; y propone crear un registro único sobre pacientes con esta enfermedad y reglamentar la asistencia médica para que sea integral y gratuita.
La norma busca que la provincia de Buenos Aires se adecue a la ley nacional 25.404, a fin de garantizar a toda persona que padece epilepsia el pleno ejercicio de sus derechos, proscribiendo todo acto de discriminación ya sea en el ámbito educativo como laboral.
La iniciativa, impulsada por el senador platense, Luciano Martini, y acompañada por su par Marcelo Carignani, Presidente de la Comisión de Salud cuenta con el apoyo de la Sociedad Argentina de Neurología, de Liga Argentina de lucha contra la Epilepsia (LACE), quienes han colaborado con el proyecto de ley que fue sancionado con el respaldo de todos los bloques legislativos.
“Nuestro interés es sensibilizarnos con esta problemática y promover esta herramienta legislativa integral sobre la epilepsia”, dijo el Senador Martini, quien valoró que “el alma es que sea una ley social, que contemple el derecho de todo epiléptico al ingreso laboral y a una educación normal, sin ser estigmatizado ni discriminado”.
El legislador platense agradeció el respaldo de las diversas fuerzas políticas de la provincia y valoró la presencia en el recinto de la doctora Brenda Giagante, integrante del Grupo de Epilepsia de la Sociedad Neurológica Argentina, y Miembro de la Liga Argentina de Lucha contra la epilepsia (LACE); el doctor Nicolás Sarisjulis, Jefe del Servicio de Neurología del Hospital de Niños «Sor María Ludovica» de La Plata; y la doctora Silvia Kochen, Jefa del Centro de Epilepsia del Hospital Ramos Mejia.
La ley que obtuvo media sanción y ahora deberá ser abordada por la Cámara de Diputados provincial, determina que “el paciente con diagnóstico de epilepsia tiene derecho a recibir asistencia médica integral y oportuna. Garantizando la detección temprana de la enfermedad, el acceso a todos los procedimientos diagnósticos necesarios, en conformidad con el avance de la ciencia y al tratamiento”.
Para ello dispone de la accesibilidad a los medicamentos (FAE) y a la cirugía de la epilepsia en aquellos casos que así se lo requiera, como a una adecuada rehabilitación y seguimiento del paciente y su familia.
En ese marco, se establece que “las prestaciones médico-asistenciales a que hace referencia la ley deberán ser garantizadas por el sistema público de salud y por todas las obras sociales de la provincia de Buenos Aires y las empresas de medicina prepaga”.
En el marco de esta ampliación de derechos es que la iniciativa legislativa establece que “en toda controversia judicial o extrajudicial en la cual el carácter de epiléptico fuere invocado para negar, modificar y extinguir derechos subjetivos de cualquier naturaleza, será imprescindible el dictamen de profesionales de la salud, lo cual no podrá ser suplido por otras medidas probatorias”.
Al respecto, el legislador del FpV remarcó que “no sólo apuntamos a una cobertura asistencial, sino que la ley busca garantizan el acceso no discriminatorio al nivel laboral y educacional”.
Por su parte, remarcó que “el ministerio de Salud provincial atiende esta problemática a quienes carecen de cobertura social y recursos para acceder a los medicamentos, mediante el programa de Epilepsia PROEPI, pero como todo programa, depende de las gestiones de gobierno, en tanto que con esta legislación la atención de la epilepsia ya no quedará sumida a una gestión, sino que quedará incorporada como garantía para los ciudadanos bonaerenses que padezcan esta enfermedad”.
Martini valoró que “esta es una ley que aborda las diversas clases de epilepsia, para ello trabajamos con representantes Sociedad Argentina de Neurología y de la Liga Argentina de lucha contra la Epilepsia (LACE), con quienes estuvimos abordando el tema para atender cada una de las demandas referidas a esta enfermedad crónica”.
Dentro de los puntos destacados, el proyecto propone “elaborar guías o protocolos de atención clínica, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, que regule y normativice el abordaje médico con el objetivo de optimizar la asistencia y los recursos de salud”.
También busca fortalecer la atención primaria, “enfatizando la prevención, el diagnóstico y el tratamiento”, a través de la capacitación de los profesionales que actúan en esos niveles.
Asimismo, exige “asegurar la disponibilidad de equipamiento moderno, facilidades de capacitación de personal, acceso a toda la gama de medicamentos antiepilépticos, a la cirugía y a otras formas de tratamiento eficaz” a los pacientes.
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