Proponen crear organismo que controle fondos recibidos para obras viales

El objetivo del organismo es actuar como Consejo Auditor de Obras Viales y Caminos Rurales y su función verificar la eficiente y transparente afectación de recursos comprometidos para la ejecución de obras viales y caminos rurales cuando su fuente de financiamiento provenga del Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales (destinado al mantenimiento y realización de obras de red vial en tierra provincial) tanto como del porcentaje que a esas obras destina la provincia de Buenos Aires a través de Fondo Federal Solidario, «o fondo sojero”,( instrumento creado para financiar obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial en ámbitos urbanos o rurales).

Además, entre otras competencias, el Consejo Auditor, analizará la evolución de las distintas etapas de los proyectos y obras como también evaluará el impacto y los efectos desde una dimensión y matriz productiva, económica y social.

En ese sentido, Pablo Garate detalló que el Consejo estará integrado por representantes de las distintas entidades agrarias: CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y la Pampa; CONINAGRO (Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa limitada); FAA (Federación Agraria Argentina) ; SRA (Sociedad Rural Argentina); UIPBA (Unión Industrial Pcia. de Buenos Aires) y CEPBA ( Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aire), además de FEBA (Federación Económica de la provincia de Buenos Aires); CATAC (Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas) y la UDUV (Unión de Usuarios Viales de la provincia de Buenos Aires).

Al respecto, el legislador de Tres Arroyos agregó: “entendemos que las entidades que representan a la producción agropecuaria, comercial, industrial, del transporte y de los usuarios viales, son quienes deben conformar el Consejo Auditor porque son instituciones y voces autorizadas en la materia”.

“Estamos convencidos que la sociedad civil representada por sus instituciones puede ejercer este control social con eficacia y transparencia, lo que va a redundar en una mejor calidad de nuestra democracia y que, a su vez, mejorará la calidad de vida de miles de bonaerenses” argumentó Garate sobre su proyecto de ley.

En ese contexto, el legislador concluyó: «este principio del control social es el que queremos hacer presente una vez más en nuestra provincia mediante la sanción de la Ley propuesta, ya que es un principio que cuenta con antecedentes como lo es el Consejo Auditor Honorario del Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Salado» .