La Justicia rechazó el amparo contra el tarifazo en electricidad presentado por intendentes
El juez platense, Alberto Recondo, rechazó el amparo que pedía la nulidad de los incrementos en las tarifas de luz aplicados por el gobierno nacional a comienzos de 2019.

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El juez federal de La Plata, Alberto Recondo, rechazó hoy el recurso de amparo contra los tarifazos en electricidad que había presentado a prinicipios de febrero un conjunto de intendentes del PJ bonaerense junto a la Defensoría del Pueblo de la Provincia, al Centro de Estudios Para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) y la Asociacion de Defensa de Usuarios y Consumidores (ADUCC).
El amparo se presentó el 1 de febrero y cuestionaba el tarifazo en electricidad de alcance nacional que había anunciado el gobierno, bajo el planteo de que las tarifas debían incrementarse con un criterio de «razonabilidad».
En su fallo, el juez Recondo sostuvo la «imposibilidad de efectuar el análisis de razonabilidad en términos genéricos, en el proceso colectivo». Fundamentó esta imposibilidad en «la situación socioeconómica o dependencia energética de cada individuo o grupo familiar».

El Gobierno llamó a una audiencia en febrero para determinar los futuros aumentos en las tarifas de luz
Sobre esto, el magistrado resolvió la imposibilidad de efectuar consideraciones sobre el universo que intendentes y organizaciones de consumidores pretendían representar. Para Recondo, todos los usuarios de residenciales del servicio de electricidad son «grupos que no evidencian analogía socioeconómica sustancial».
Además, consideró que el Estado preveía la política de «tarifa social» para atender a los grupos vulnerables como electrodependientes y jubilados y pensionados.
En síntesis, Recondo rechazó el pedido de evaluación sobre la razonabilidad de los aumentos porque en el grupo total de residenciales que hacen uso del servicio de energía eléctrica conviven «jubilados y pensionados, que perciben el haber mínimo, hasta empresarios, ejecutivos y profesionales de alto nivel adquisitivo».
Los impulsores de la medida judicial adelantaron que apelarán la medida, con lo cual la decisión final quedará en manos de la Cámara. Claro que hasta que llegue puede pasar un buen tiempo.

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