El Gobierno bonaerense le dio luz verde a la “caza plaguicida” del jabalí europeo

El Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires dio un paso clave en la regulación y el combate de “una de las amenazas más persistentes para la biodiversidad y la producción agropecuaria local”: el jabalí europeo. Mediante la Disposición Nº 313, publicada en las últimas semanas en el Boletín Oficial, se autoriza la denominada “caza plaguicida” de esta especie invasora en todo el territorio bonaerense, con la excepción de áreas protegidas y zonas urbanas específicas.

Esta medida, según se explica en la disposición, se inscribe en un marco normativo consolidado que incluye las leyes provinciales Nº 10.081 (Código Rural) y Nº 15.477, y en decretos como el Nº 1878/73, que faculta al Ejecutivo provincial a fijar zonas y períodos de caza con fines de control poblacional. En este contexto, el jabalí europeo fue clasificado como especie plaga y de caza comercial, dado su impacto ecológico y económico.

Además, desde hace unos días el Comando de Prevención Rural de la Policía Bonaerense alertó sobre la presencia de jabalíes en rutas durante la cosecha de maíz tardío, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

Por ello, se recomienda reducir la velocidad al circular cerca de campos sembrados, extremar las precauciones al conducir de noche y al amanecer, y si se ven animales en la ruta, evitar frenar bruscamente o realizar maniobras peligrosas.

Amenaza múltiple

El jabalí europeo es considerado una Especie Exótica Invasora (EEI), incluida en la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras de la República Argentina. Su presencia en los ecosistemas bonaerenses genera serios perjuicios: altera suelos, depreda fauna nativa, destruye cultivos y propaga enfermedades, incluidas las zoonóticas. Se estima que su crecimiento descontrolado representa un riesgo concreto para la producción agropecuaria, la salud pública y la biodiversidad.

La normativa actual se fundamenta en experiencias previas en distritos como Tordillo, Azul, Tapalqué, Carmen de Patagones y Mar Chiquita, donde medidas similares permitieron una reducción significativa de las poblaciones de jabalí. Basados en estos resultados, las autoridades decidieron ampliar la estrategia de control a escala provincial.

El jabalí se ha vuelto incontrolable en provincias como La Pampa, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos. Su impacto no es menor: según un informe de 2022 del ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la FAO, esta especie causa pérdidas económicas anuales de 1.380 millones de dólares en Argentina.

Originario del norte de África, el jabalí se expandió por Europa y Asia, y fue introducido en el país en 1905 por Pedro Luro para actividades de caza en La Pampa. Con el tiempo, la fuga de ejemplares permitió su cruce con cerdos domésticos, dando lugar a una especie cimarrona de gran porte y difícil control.

Reglas estrictas

La disposición oficial autoriza “la caza plaguicida” del jabalí en todo el ámbito de la provincia, pero con restricciones.

Así, se excluyen expresamente las áreas protegidas contempladas en la ley provincial 10.907, de declaración de reservas naturales.

También queda prohibida en zonas urbanas y suburbanas, así como en inmediaciones de caminos públicos y lugares concurridos, salvo que se cumplan distancias mínimas de seguridad (300 metros con armas de perdigones y 1.500 metros con armas de bala).

Además, se establece un Manual Operativo que regula los procedimientos de caza y transporte de ejemplares. Solo podrán intervenir propietarios de campos o terceros autorizados por ellos, quienes deberán contar con una licencia de caza habilitante y un permiso específico para transporte.

Los jabalíes abatidos podrán ser comercializados, siempre que se cumpla con las normativas sanitarias correspondientes a nivel municipal, provincial y nacional.

La normativa contempla la creación del Comité de Gestión de la Caza Plaguicida para el Control del Jabalí Europeo. Este órgano estará integrado por autoridades provinciales, municipales y representantes del sector productivo, y tendrá como misión definir criterios de acción, monitorear los resultados y generar informes técnicos.

La medida reconoce que el control de una especie invasora no puede limitarse a acciones aisladas, sino que requiere una estrategia sostenida y articulada en el tiempo. Así lo señala la disposición al destacar la necesidad de criterios de “masividad y coordinación regional”.

Obligaciones

El marco regulatorio impone obligaciones precisas para los cazadores. Toda persona que participe en la actividad deberá:

• Agotar los medios disponibles para rematar piezas heridas.
• Recoger todos los animales abatidos.
• Evitar dejar restos en el campo cuando las condiciones lo permitan.
• Solicitar autorización para retirar piezas que escapen a predios vecinos.

Asimismo, se prohíbe toda maniobra que implique destruir o disminuir la protección natural del hábitat, así como desalojar a los animales de su refugio mediante incendio, explosión, inundación u otras acciones similares.

El espíritu de la disposición es preventivo y normativo. La idea de establecer un permiso formal para el transporte de ejemplares cazados apunta a formalizar una actividad que, hasta ahora, en muchos casos se desarrollaba en los márgenes de la legalidad.

El documento oficial prevé también la posibilidad de que los municipios soliciten la exclusión de zonas específicas de la autorización general, siempre que lo fundamenten mediante nota formal y acto administrativo.

La mirada del proteccionismo

Por el lado de los proteccionistas, lejos de poner el grito en el cielo como sucedió en 2017 con una medida similar decidida por la administración de María Eugenia Vidal, ven la disposición actual con cautela. Así, desde la Asociación Argentina de Ecología se afirma que “es urgente avanzar con una estrategia nacional de control que incluya el monitoreo científico riguroso, coordinación interjurisdiccional, educación ambiental para productores y cazadores y alternativas éticas como el control poblacional no letal”.

Hace ocho años, la Dirección de Flora y Fauna provincial reconoció al jabalí como una plaga y autorizó la caza con perros como método de control poblacional en el partido de Patagones. En ese momento, las asociaciones proteccionistas “Sin Zoo” y “Proyecto Galgo Argentina” señalaron que “la caza pertenece a una tradición que como base tienen la explotación y el sufrimiento animal”.

Además, a través de un comunicado, el proteccionista Andrei Chtcherbine repudió “la caza del jabalí, el uso de perros, y toda actividad humana que implique sufrimiento y muerte para otras especies animales”. Y agregó: “Instamos a Fauna Provincia a modernizarse, atrasan 100 años, y que empiecen a pensar que si quieren erradicar una plaga lo mejor será usar cebos anticonceptivos”. (DIB) MM