Oficializan un plan de regularización de deudas para distribuidoras y cooperativas eléctricas

El Gobierno nacional formalizó este jueves el plan para que las distribuidoras eléctricas regularicen las deudas que empresas como Edesur, Edenor, Edelap o las cooperativas de la provincia de Buenos Aires tenían con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) al 30 de noviembre.

Son alrededor de 1.000 millones de dólares que las empresas no abonaron cuando las tarifas estaban congeladas y que ahora abonarán a lo largo de seis años con la condición de realizar inversiones.

A través del DNU 186/25, publicado en el Boletín Oficial, se les otorga un plazo de gracia de hasta 12 meses y 72 cuotas a una tasa equivalente al 50% de la del Banco Nación, que es la que suele utilizarse como referencia en el mercado eléctrico. Además, se implementará un régimen de reconocimiento de créditos a quienes hayan cancelado la totalidad de las transacciones en 2024 y no tengan deuda no regularizada a diciembre 2023.

La deuda corresponde a 79 distribuidoras y cooperativas con Cammesa y suma en total 2,35 billones de pesos. De esos, unos $ 1,14 billón ya había tenido acuerdos de normalización antes de 2023 y otros $ 111.684 millones durante 2024. Por eso lo que quedó sin normalizar fueron $ 1,1 billón (US$ 1.000 millones).

Los peores índices de cobrabilidad se registraron en el primer trimestre de 2024. En enero de ese año Edesur y Edenor pagaron en promedio solo el 33,9% de su factura, en febrero apenas el 16,3% y en marzo 34,1%. Mientras que en el interior bonaerense, por ejemplo EDEA (presta servicios en ciudades como Mar del Plata, Azul, Tandil, Tres Arroyos y Necochea) había pagado en enero de 2024 el 1,9% de su factura y en febrero sólo el 1,6%.

Pese a la dura crisis y la advertencia sobre un posible quiebre, varias de las cooperativas que operan en la provincia habían comenzado a normalizar el pago de sus gastos corrientes con Cammesa. Las de Zarate, Luján, Pergamino, Tandil, Necochea, Azul, Chacabuco y Salto son algunas de las que integran esa lista.

Este esquema oficializado ahora pero acordado a fines del año pasado, tiene como condición que las distribuidoras paguen la deuda corriente, de lo contrario serán multadas y perderán el beneficio, informaron desde la Secretaría de Energía. También se prevé exigirles a las distribuidoras y cooperativas eléctricas que presenten un plan de inversiones para realizar mejoras en la infraestructura de la red, agregaron en un comunicado.

“Es importante destacar que cuando asumimos el Gobierno, en diciembre de 2023, la tasa de cobrabilidad de Cammesa era del 48%, lo que significaba que los importes no cobrados se cubrían con aportes del Tesoro nacional; un círculo vicioso que se traducía en más emisión, más inflación que sufrían todos los argentinos y una descapitalización del sistema eléctrico”, explicaron en Energía.

Y agregaron que, gracias a la recomposición de las tarifas, la focalización de los subsidios y el proceso de desregulación del mercado mayorista, la tasa de cobrabilidad bajó hoy al 97%.

“El objetivo principal de esta medida es que las distribuidoras y cooperativas paguen el 100% de la facturación corriente, lo que permitirá que puedan convertirse en sujetos de crédito y accedan a financiamiento para invertir en mejorar el sistema eléctrico”, aseguraron.

“Además, podrán celebrar contratos de suministro de energía con generadoras privadas”, aclararon. Esto significa que las generadoras, comercializadoras y distribuidoras podrán hacer contratos de suministro de energía a largo plazo, sin la intervención del Estado (Cammesa) como mediador, tal como sucede en el resto del mundo. En Argentina ocurrió en la década de los 90, pero el sistema colapsó con el fin de la Convertibilidad y el comienzo de los subsidios masivos. (DIB)