Denuncian al Ministro de Economía por posibles consecuencias ambientales de la re-privatización del Paraná

El Gobierno Nacional desde noviembre avanza en el llamado a licitación de la Vía Navegable Troncal Río Paraná-Rio de la Plata (VNT), sin ningún reparo de las advertencias que organizaciones políticas y sociales de diferentes provincias sintetizaron con respecto a esta política: entrega de soberanía y ecocidio socio-ambiental.

Hace 10 días atrás, Gabriela Ferrer (Movimiento por el Agua), Jonatan Baldiviezo (Observatorio del Derecho a la Ciudad) y Fernando Cabaleiro (Naturaleza de Derechos) presentaron ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 9 una denuncia penal formal en contra del Ministro de Economía, Luis Caputo y el Subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Iñaki Miguel Arreseygor.

Ambos funcionarios fueron denunciados por la probable comisión de los delitos de “abuso de autoridad, incumplimiento del deber de funcionario público y negociaciones incompatibles” en relación al proceso de confección de los pliegos para la licitación de la «concesión de obra pública por peaje para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado, re-dragado y mantenimiento de la VNT sobre los ríos Paraná y De La Plata».

Los denunciantes señalan la insostenibilidad ambiental del objeto de licitación y la importancia del derecho de toda la sociedad a estar debidamente informada de lo que implica esta decisión política.

La deliberada omisión gubernamental al Acuerdo de Escazú sobre la participación ciudadana en las primeras instancias del plan de obras, representan para Naturaleza de Derechos, “una cancelación de la sociedad civil sobre sus derechos a participar, opinar, informarse, objetar y colaborar en una cuestión que atraviesa una gama de  derechos económicos, culturales, sociales y ambientales, que generó en el último mes, a raíz del avance en la Hidrovía, convocatorias urgentes para charlas, asambleas informativas y movilizaciones en las principales provincias afectadas (Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y Chaco)”.

La denuncia presentada da cuenta de los impactos ambientales que generó la implementación de la «Hidrovía» en los dos ríos más importantes del país durante los últimos 30 años. La VNT estuvo licitada durante ese periodo a las empresas Jan de Nul y Emepa, firmas que estarían siendo beneficiadas por el gobierno para renovar dicho contrato.

Negocios que contaminan

Ferrer, Baldiviezo y Cabaleiro advierten que estas consecuencias pueden agravarse si efectivamente se implementa el plan licitatorio. Solicitan una medida cautelar urgente para suspender las disposiciones 20/2024, 34/2024 y 36/2024 de tal proceso.

El objetivo buscado desde hace años por los sectores concentrados en la Bolsa de Comercio de Rosario, tales como la Cámara de Puertos Privados Comerciales, la Cámara de la Industria Aceitera, el Centro de Exportadores de Cereales y la Cámara de Actividades Portuarias. Multinacionales con puertos en el Paraná como Dreyfuss, Bunge y Born, Cargill, buscan que buques mayores a los Panamax puedan navegar desde Timbúes hasta el océano, evitando completar cargas en los puertos oceánicos uruguayos y brasileros. En criollo: reducir costos y maximizar ganancias.

El plan de obras incluye una profundización del río a través de dragados más profundos, tal como lo demandan los sectores antes nombrados.

Si se materializa la profundización prevista de hasta 44 pies (13,41 metros de profundidad del canal troncal de navegación), implicaría “la remoción de sedimentos altamente contaminados, nuevas terminales portuarias y un incremento significativo del tráfico con embarcaciones de gran porte. Todo ello sin que se haya realizado una evaluación estratégica ambiental previa sobre la factibilidad y viabilidad de las condiciones ambientales y sin que se haya previsto una instancia de participación ciudadana de la población humana (cercana a los 20 millones de personas) que habita a lo largo de dos cuencas que involucran a 6 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la cual gran parte consume el agua que se extrae directamente de aquellas”, acusan los activistas