Hace más de tres meses que está parada la principal fábrica de Las Flores

280 trabajadores suspendidos en GGM Calzado. La patronal de Guillermo Gotelli pretende quebrar las condiciones laborales y salariales de los obreros.

Por Agustín Mestralet Szigety

En Las Flores, provincia de Buenos Aires, la empresa de calzado GGM (que confecciona las marcas Pony, Signia y Asics) no les paga a sus 280 trabajadores desde abril. Desde ese entonces, la fábrica está paralizada y los obreros (afiliados al Sindicato de Empleados del Caucho y Afines, SECA) se encuentran suspendidos. A mediados de junio, los trabajadores cortaron la Ruta 3 reclamando una solución al gobierno provincial.

El dueño de la planta, Guillermo Gotelli, no ha declarado ningún tipo de quiebra; en verdad, lo que pretende “quebrar” son las condiciones laborales y salariales de sus obreros, para reanudar la producción con menos personal y más precariedad. En esto cuenta con experiencia: entre 2004 y 2007, se hizo con la planta de Gatic en Coronel Suárez, dejando a casi todo su personal afuera y tercerizando gran parte de la producción en “talleres” (microemprendimientos y cooperativas). De este modo, evitaba tener trabajadores en relación de dependencia que reclamaran su convenio colectivo.

Lo de Gotelli es un verdadero modus operandi, como lo atestiguaron en mayo del año pasado los propios trabajadores de GGM: «Lo que está pasando viene sucediendo hace aproximadamente cinco años. Es un problema con el dueño en sí, que incluso cuando estuvo subsidiado por el gobierno anterior y las situaciones de la fábrica eran las ideales, incurría en incumplimientos. Históricamente no paga a tiempo los aumentos, los aguinaldos, las vacaciones» (El Destape, 30/05/16). Esta situación nada tuvo ni tiene que ver con el estado económico de la empresa, que llegó a tener un ingreso anual de $200 millones (Apertura, 7/10/13).

El poder político encubre a Gotelli

En una ciudad del tamaño de Las Flores (21.500 habitantes), esta amenaza a los puestos de trabajo tiene un gran impacto. Por eso mismo, ha despertado la alarma y la solidaridad de muchos otros trabajadores florenses.

El intendente Ramón Canosa (UCR-Cambiemos) participó de las medidas (incluso del corte de ruta), pero no ha movido un dedo contra el vaciamiento y los incumplimientos de la patronal. El gobierno sí ha actuado para descomprimir el conflicto y contener una reacción de los trabajadores, como la ocupación de la fábrica, y ha dilatado una solución real por medio de repetidas e infructuosas reuniones.

La semana pasada, Canosa negoció con el propio Gotelli y el gobierno de Vidal ofrecer como salida la creación de cooperativas de trabajo, sin resolver el pago de sueldos ni la continuidad laboral. La cooperativización podría volverse un nuevo fraude ante un pedido de quiebra de la empresa, ya que por ley los trabajadores podrían hacerse cargo de la planta pero no obtendrían indemnización y, al contrario, pasarían a hacerse cargo de la deuda. Además, los florenses saben que las “cooperativas” en el rubro de la confección son una pantalla para la precarización laboral: en la ciudad son numerosos los casos en que bajo el rótulo de cooperativistas e incluso monotributistas se esconde una modalidad de “trabajo a domicilio” para grandes marcas. Todo apunta a que el gobierno intenta garantizar que Gotelli permanezca sin daños para volver a hacer negocios sobre la base de la precariedad laboral.

Los delegados de la fábrica están adaptados a esta política de derrota.

Muy por el contrario, esta lucha debe enfrentarse desde la defensa de los obreros y sus puestos de trabajo. En GGM deben repartirse las horas de trabajo disponibles sosteniendo el mismo nivel salarial, financiado esto con las ganancias que hizo la patronal durante casi 10 años. Si Gotelli no puede afrontar las deudas y salarios con su patrimonio, corresponde que se expropien sin pago todos los activos de GGM y que se reanude la producción bajo control de sus trabajadores. El Estado debe ser el garante de que los trabajadores cobren sus salarios y los aportes para obra social y jubilación. Si existiera una posibilidad de reconversión productiva, esta decisión debería quedar en manos del colectivo laboral afectado.

Llamamos a los trabajadores a discutir esta perspectiva y a organizarse en asamblea para impulsar un plan de lucha hasta conseguir el pago de salarios adeudados y la reactivación de la planta con todos adentro. El Partido Obrero pondrá todas sus fuerzas en esta pelea.