Los municipios deberán hacerse cargo de los servicios de emergencia en rutas

Las empresas concesionarias de los corredores viales dejarán de tener a su cargo los servicios de primeros auxilios sanitarios y de extinción de incendios, de acuerdo a los cambios que se introdujeron en los contratos de Participación Público Privada, sistema por el cual se construirán autopistas y rutas seguras.

Mientras aún es una incógnita cuándo empezará, si es que empieza, la construcción de la autopista de Ruta 3, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires denunció que los cambios que se introdujeron en los nuevos contratos de Participación Público Privada -PPP- en las concesiones de los corredores viales, tendrán un impacto negativo en los bonaerenses  ya que las empresas dejarán de hacerse cargo de los servicios de primeros auxilios sanitarios y de extinción de incendios en las rutas nacionales que atraviesan la Provincia.

Es que la nueva disposición determinó que en caso de un siniestro en la ruta, serán los municipios en los que se produzca el hecho los que deban hacerse cargo de los servicios de emergencias que antes le correspondía a las empresas, lo que tendrá un claro impacto en las finanzas comunales.

Ante este escenario, la Defensoría envió notas a todos los municipios afectados y expresó su preocupación por el efecto que tendrá en la calidad de prestación de los servicios de salud y bomberos ante eventuales accidentes, además del costo que demandará estas prestaciones.

Esta medida alcanzará al corredor vial A -rutas nacionales 3 y 226- en el que está comprendido Las Flores-; también a los corredores B -RN 5-; C -RN 7-; E -rutas nacionales 193 y 9-; 2 -RN 188-; 8 -RN 8-; 18 -RN 12-; y Sur -rutas nacionales 3 y 205-.

“Los municipios deberán enfrentar estos gastos, por lo que estamos ante una transferencia indirecta a los bonaerenses. Muestra la decisión del gobierno nacional de no proteger a la gente y sí garantizarle los negocios a las empresas”, sostuvo el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.

Ante este escenario, la Defensoría envió notas a todos los municipios afectados y expresó su preocupación por el efecto que tendrá en la calidad de prestación de los servicios de salud y bomberos ante eventuales accidentes, además del costo que demandará estas prestaciones.

“Pareciera que la única política del gobierno es ir en contra de los usuarios, por lo que analizamos presentarnos ante la Justicia para que se revea esta situación que golpea a los municipios y afecta a los ciudadanos”, puntualizó Lorenzino.