Los empleados municipales tendrán una nueva ley de paritarias y otras reglamentaciones

«Es un hecho histórico que le otorga a los trabajadores derechos», dijo el titular de los sindicatos comunales.

La Legislatura bonaerense derogó hoy la ley 11.757 y sancionó un nuevo marco regulatorio para las relaciones laborales entre las 135 comunas y sus empleados, el cual, entre otros puntos, crea las paritarias municipales obligatorias.

El proyecto, presentado por el diputado Hernán Doval (Frente para la Victoria), con el apoyo de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), recibió media sanción el 24 de septiembre, tras lo cual fue girado a Senadores. Allí sufrió algunos cambios, por lo que hoy, tras ser aprobado por la Cámara Alta, retornó a Diputados para obtener sanción definitiva.

El doble tratamiento de la iniciativa en una misma jornada fue un compromiso que habían asumido los titulares de ambas cámaras, el vicegobernador Gabriel Mariotto y el diputado Horacio González, ante el titular de la Fesimubo, Rubén «Cholo» García, quien ayer encabezó una multitudinaria manifestación de trabajadores en los alrededores de la Legislatura.

La nueva norma establece que los intendentes estarán obligados a celebrar paritarias anuales con los gremios municipales.

«Este es una aspecto clave, porque hay municipios donde el diálogo entre el jefe comunal y el gremio no es fluido. Ahora ningún intendente podrá hacerse el distraído para no sentarse a discutir, ni podrá ofrecer lo que quiera y cómo quiera», enfatizó el titular de la Fesimubo, Rubén García.

Nuevas reglamentaciones

La nueva ley también estipula que la jornada del empleado municipal no podrá ser inferior a seis horas ni superior a ocho, de lunes a viernes.

Además, determina que el sueldo de bolsillo de los trabajadores con una carga de ocho horas diarias no podrá ser inferior al salario mínimo vital y móvil, que actualmente asciende a 4.400 pesos y que, a partir de enero próximo, llegará a 4.716 pesos.

En cuanto a los trabajadores contratados, el proyecto convertido en ley establece que bajo ningún concepto podrá superar el 20% de la planta permanente. Para adecuarse a este artículo, los 135 municipios bonaerenses tendrán un plazo de cinco años corridos a partir de la promulgación de la ley”.