La desidia política en la Ruta 3, un costo que pagan los ciudadanos con su seguridad

El reciente accidente en el cruce de las Rutas 3, 91 y 30, que afortunadamente no cobró vidas, dejó al descubierto un problema que va más allá de las malas maniobras o la casualidad: el estado de abandono de las obras de la autovía en Ruta 3, un proyecto que prometía transformar la seguridad vial y la conectividad, pero que hoy está detenido, dejando a los argentinos expuestos al peligro y a la incertidumbre.

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Recordemos que estas obras habían sido planificadas y licitadas bajo el sistema Participación Público – Privada (PPP) durante el gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, fueron frenadas al inicio del gobierno de Alberto Fernández, quien luego las reactivó con una nueva licitación. Durante su mandato, se avanzó significativamente: se veían máquinas trabajando, avances en el puente sobre el Río Salado y mejoras que generaban expectativas en las comunidades afectadas.

Todo cambió con la llegada del gobierno de Javier Milei, quien decidió paralizar completamente las obras públicas nacionales, dejando sectores como el cruce de las rutas 3, 91 y 30 en un estado deplorable. Sin iluminación, sin señalización adecuada y con una polvareda constante que dificulta la visibilidad de los conductores, la situación no solo pone en riesgo a los automovilistas sino que también genera frustración y un sentimiento de abandono en quienes viven y transitan la región.

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El jefe comunal de Las Flores, Alberto Gelené, ha realizado gestiones reiteradas para que las obras se retomen o, al menos, se implementen mejoras temporales en el cruce. Sin embargo, estas gestiones, aunque bien intencionadas, no han dado frutos visibles, y los responsables de las decisiones que llevaron al abandono parecen quedar en el anonimato.

La pregunta que surge entre los ciudadanos y que se repite en los comentarios de la nota del accidente es: ¿De quién es realmente la responsabilidad de este abandono? Si bien los cambios de gobierno y las decisiones políticas juegan un rol clave, los principales perjudicados son los argentinos. Cada conductor que cruza estos tramos abandonados está expuesto a accidentes que podrían evitarse si las obras se hubieran concluido o, al menos, si el mantenimiento básico estuviera garantizado.

Es momento de que se asuman responsabilidades. Mientras tanto, los ciudadanos siguen pagando el precio de la desidia política, enfrentando no solo riesgos viales sino también el sentimiento de que las promesas de progreso quedaron en el olvido.

¿Cuántos accidentes más serán necesarios para que las autoridades actúen? Es una pregunta que nos interpela a todos, especialmente a quienes tienen el poder de cambiar esta realidad.